Código Civil

La aprobación de la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) ha supuesto que todas aquellas intervenciones administrativas que limiten la libertad de establecimiento deben ser objeto de reconfiguración e incluso supresión, con la finalidad de eliminar las trabas administrativas que impiden la verdadera consecución de un mercado único en todo el territorio de la Unión Europea. En el concreto campo de la legislación comercial, la apertura de los denominados grandes establecimientos comerciales ha estado sometida desde hace dos décadas a un control autonómico a través de la...

El libro responde a la pregunta que plantea en su título (¿Cómo poner en práctica el gobierno abierto?), mostrando como guía de trabajo a juristas interesados las múltiples aristas que presentan tanto el denominado «Gobierno abierto» como los «datos abiertos», términos relacionados con los primeros. Los trabajos, articulados en doce capítulos, dan respuesta a la interrogante del título mostrando dos respuestas básicas: las razones de la amplia aceptación que los términos tienen, y la advertencia sobre las lagunas, oscuridades y limitaciones que su regulación y práctica...

La comercialización de seguros en el mercado español se ha identificado tradicionalmente con la actividad de mediación desempeñada por los corredores, los agentes de seguros y la banca aseguradora; canales de distribución indirecta que han ocupado el grueso de la investigación dada su transcendencia económica y las numerosas peculiaridades que presentan sus respectivas configuraciones jurídicas. Sin embargo, frente a estas fórmulas tan conocidas, paulatinamente se han ido abriendo paso diversos canales basados en la venta directa de seguros que, ahora más que nunca, merecen especial ...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...