Tutela procesal frente a hechos de violencia de género

Los procedimientos de reestructuración se han mostrado como el mejor instrumento para hacer frente a las situaciones de crisis o de insolvencia que padecen empresas económicamente viables, pero que afrontan graves problemas financieros. La razón es que les permiten continuar su actividad y maximizar su valor en beneficio de acreedores, socios, trabajadores y del propio sistema económico. No es extraño, por ello, el interés tanto de abogados como del legislador, así como el progresivo número de pronunciamientos judiciales que se ocupan de ellos. La complejidad de los problemas que...

En el presente texto se analizan problemas, soluciones y representaciones en torno a los derechos humanos, fruto de investigaciones terminadas. Con relación a los problemas, el capítulo I estudia la concepción individualista de los derechos humanos que dificulta su implementación efectiva, mientras el Capítulo II reflexiona acerca del comportamiento del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que impacta negativamente en la garantía de los derechos de las víctimas. Respecto a las soluciones, varios capítulos se ocupan de algunas políticas públicas...

La inejecución del contrato constituye aquel evento inciertoque acaece luego de la celebración del contrato, evento que deberá sercombatido por las partes con el fin de proteger los intereses inmersos en larelación negocial. De hecho, el sistema jurídico predispone de un conjunto detutelas, acciones o derechos dirigidos a garantizar la correlación entre elsacrificio de cada parte y el buen éxito de su expectativa y ofrece remediosque buscan la corrección en caso de malfuncionamiento del contrato, todo con elfin de permitir el restablecimiento del sinalagma y la tutela de los...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.