A la velocidad del hachís

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...

La Directiva (UE) 2019/771 establece un nuevo régimen jurídico para las faltas de conformidad de los bienes de consumo objeto de compraventa entre empresarios y consumidores. Deroga y sustituye a la Directiva 1999/44/CE que revolucionó la regulación de la llamada "garantía legal" en toda Europa, dando lugar a legislaciones nacionales que han logrado una unificación de mínimos de esta importante materia en el ámbito europeo. Sin embargo, la Unión Europea considera que es necesario profundizar en esta armonización, puesto que las diferencias legales nacionales lastran la realización...

En un momento de reflexión acerca de los cambios que la economía y la sociedad digitales introducen y de gestión de los miedos e incertidumbres en las que cualquier sociedad moderna subsiste por la innovación y el control social del cambio tratando de anticipar el futuro con el fin de planificarlo, asistimos a un intenso y acelerado proceso de transformaciones derivadas de las nuevas tecnologías con hondas repercusiones en la economía, el trabajo y la sociedad. En este sentido se hace necesario analizar el impacto de la actual era de cambios sobre el trabajo, tanto por sus implicaciones ...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.