Aditio nuda voluntate

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.

Los agentes sociales olvidaron que los conflictos escolares se producen entre jóvenes altamente sensibles a los valores, y por eso necesitan ser resueltos con y en justicia. Frente a esta situación nos preguntamos: ¿Será el valor justicia, no la justicia institución administrativa, ni la justicia derecho subjetivo, ni la justicia principio normativo, y ni siquiera la justicia virtud moral, la pieza que estaba perdida en el rompecabezas del conflicto escolar y que es necesario recuperar? El libro que ahora se presenta, escrito en primera persona por una mediadora profesional, trata de...

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...

En este libro se presenta un completo análisis del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en el derecho constitucional chileno, haciéndose cargo del déficit doctrinario y jurisprudencial existente en la materia, para luego aplicar ese análisis al caso de las comunicaciones privadas electrónicas. Se argumenta que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas es un derecho fundamental de larga data en nuestro sistema constitucional, autónomo e independiente de la protección que se brinda a la vida privada en la Constitución, y que dicha independencia...