Ejecuciones hipotecarias sobre bienes inmuebles y concurso de acreedores

Ante la justificada ausencia de un complejo orgánico normativo que regule los efectos que derivan de la convivencia "more uxorio" - a excepción de la ley 10/1998 de 15 de Julio de Uniones Estables de pareja aprobada por el Parlamento de Cataluña y la Ley 6/1999 de 26 de marzo relativa a Parejas Estables no casadas aprobada por las Cortes de Aragón-, y estimando que la aplicación analógica y en bloque de las normas previstas para el matrimonio no podrá hacerse a la unión libre, el objetivo de este trabajo se ha centrado en tratar de defender y justificar que será la autonomía de la...

La responsabilidad del Estado, o si se quiere, bajo una visión mas acorde con el sentir constitucional y convencional del fenómeno, esto es, desde una perspectiva de victima, y de manera concreta, de los derechos que a estas le asisten de ser reparadas integralmente por los danos antijuridicos que se les causen, por quienes ejercen el poder, constituye uno de los mas grandes retos en la dinámica del Estado de derecho; y mas aun, en especial, cuando ese daño antijuridico, proviene de la actividad del poder garante de los derechos individuales y de la integridad de los bienes de la...

Este Volumen III de las Lecciones de Derecho Administrativo, que vio la luz en el verano de 2015 y que ahora publicamos en una tercera edición, incorpora las novedades producidas en el año transcurrido. La experiencia acumulada en estos años nos ha llevado a dividir estas Lecciones en dos volúmenes diferentes, buscando, sobre todo, la oportunidad de dotar a la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico de la independencia que, sin duda, tiene y merece. De esta forma, la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico se recoge con más detalle en otro volumen y, en este...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...