Geobloqueo y comercio electrónico entre la libre circulación y el derecho de la competencia

LegalScrum es un marco de buenas prácticas para la gestión de servicios y proyectos legales, que proporciona a los profesionales del Derecho las herramientas y técnicas necesarias para alcanzar el máximo grado de calidad, eficacia y rentabilidad. LegalScrum se compone de tres modelos: el modelo iterativo, el modelo continuo y el modelo de calidad. En este volumen, el primero de la serie, se describe el primero, que corresponde a la gestión de casos o proyectos legales, más conocido como Legal Project Management, así como la organización del equipo legal, las prácticas y herramientas...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.

Que nos encontramos inmersos en un proceso de cambio tecnológico de una magnitud y cuyos efectos (presentes y futuros) no terminamos de comprender es innegable. Hasta tal punto es así, que hay quienes afirman que la Revolución Digital es un hecho disruptivo que justifica repensar (y “redenominar”) el Derecho en aras de afrontarlo adecuadamente. Por su parte, la Unión Europea lanzó en 2015 una estrategia política conocida como Estrategia para el Mercado Único Digital de la Unión Europea, con la intención de acometer la necesaria recepción jurídica de la Revolución Digital y...

La aportación más fina del derecho Penal está en su concepto de imputación. La imputación obedece a una determinada clasificación jurídica que la ley señale como delito. Sólo las conductas típicas, aquellas que la ley señala como delitos, son susceptibles de imputarse. Los elementos para la clasificación jurídica que la ley señale como delito están debidamente determinados en el Código Nacional de Procedimientos penales. En esta obra el autor llevó acabo la clasificación jurídica en 500 casos.