La política ferroviaria de la Unión Europea, 1953-2003

En un ambiente que otorgaba preeminencia a los derechos locales, y en consecuencia, en el que la aplicación general del derecho romano se oponía a la organización misma del Sacro Imperio Romano Germánico, fue mérito de la llamada escuela de los Glosadores, que se estructuró en Bolonia a partir del siglo xi, afirmar, de un lado, la posibilidad de coexistencia de un derecho civil particular, el de las ciudades, y de otro, el civil general, el derecho romano. Al estudiar este último y observar las pautas normativas que regulaban las relaciones entre particulares, los cultores de la glosa...

Los derechos constitucionales de las personas en el Ecuador pronuncian entre otros el derecho a la intimidad, el honor y la honra y la propia imagen, subyacentes de la dignidad de toda persona en cada actividad y entorno en que se desenvuelven, incluyendo el mundo digital como son las redes sociales, por ser un medio de comunicación, libertad de información y expresión, exponiendo públicamente la vida privada de las personas convirtiéndose en un escenario proclive de vulnerabilidad de los derechos constitucionales, siendo de actualidad al considerar que seis de cada diez ecuatorianos...

El objeto del derecho a la protección de datos es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el artículo 18.1, sino a lo que el Tribunal Constitucional ha definido como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, unidos al respeto de la dignidad personal, el derecho al honor y el pleno ejercicio de los derechos de la persona.

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.