Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español

La inejecución del contrato constituye aquel evento inciertoque acaece luego de la celebración del contrato, evento que deberá sercombatido por las partes con el fin de proteger los intereses inmersos en larelación negocial. De hecho, el sistema jurídico predispone de un conjunto detutelas, acciones o derechos dirigidos a garantizar la correlación entre elsacrificio de cada parte y el buen éxito de su expectativa y ofrece remediosque buscan la corrección en caso de malfuncionamiento del contrato, todo con elfin de permitir el restablecimiento del sinalagma y la tutela de los...

La prueba de la culpabilidad, por supuesto también la de su exclusión, es el reto más alto que tienen los investigadores, fiscales y jueces penales ante sus deberes oficiales, como también la defensa, el representante de la víctima y el Ministerio Público para lo que les compete en el ejercicio de su rol. En las anteriores ediciones hemos venido proponiendo que la mejor manera de superar tan importante escollo es tratar de estudiar y enarbolar una constelación de indicadores de cada uno de los componentes de la culpabilidad, catálogo abierto y flexible, dispuesto a la práctica. En...

Es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles, que los escritos del Estado son confusos y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios. Ante esta situación, organizaciones provenientes de la academia y los sectores público y privado crearon la Red de Lenguaje Claro de Colombia con el objetivo de contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender. Este libro es uno de los productos de la Red. Recoge discusiones teóricas,...

En esta obra el autor realiza un estudio profundo sobre los encargos o encomiendas que se confieren a entes instrumentales que revistan la forma de organismos públicos o compañías mercantiles de capital público, para realizar obras o proveerse de bienes y servicios. La legalidad de esta forma de gestión pública encuentra respaldo en la jurisprudencia comunitaria y en la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante surgen diversos problemas que son tratados en profundidad en este documento. © José Pascual García © Para esta edición, Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2010...