Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español

Es innegable que la. naturaleza y la organización de los reguladores, generalmente denominados autoridades administrativas independientes (AAI), han sido prolijamente desarrolladas en el derecho comparado, principalmente en los Estados Unidos de América y en Europa. Sin embargo, en nuestro ordenamiento encontramos una situación diametralmente opuesta, esto es, la ausencia de un estudio crítico de la estructura de la Administración Pública, dada su concepción estática dentro del Derecho Administrativo, y la aceptación dogmática de la atribución de estructuras administrativas...

El libro recoge trabajos que abordan el examen crítico de los nuevos retos del derecho en el siglo XXI. En ellos se formulan nuevas preguntas, se defienden nuevas o viejas respuestas y se cuestiona la ortodoxia jurídica en un tiempo de cambio. Las transformaciones económicas, políticas y sociales ocurridas en las últimas décadas han relativizado las estructuras sólidas sobre las que se construía la modernidad, y el derecho no ha sido una excepción. Divididos en tres partes: administración, justicia y derechos, los distintos capítulos que forman esta obra enfrentan los desafíos que ...

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, ya era admitida en la práctica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar...

Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute...