Constitución Política del Perú 1993

El constitucionalismo peruano se asienta en un régimen presidencial que ha sido poco estudiado como poder político y administrador. Por ello, en este libro se desarrollan las instituciones centrales del Poder Ejecutivo, como la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, así como los instrumentos de gobierno, servicios y entidades públicas.

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes...

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

Instrumento de trabajo para los Abogados del Estado y demás personas que tengan una relación directa con la Administración de Justicia.

Este libro, escrito por Giovanni Priori, plantea una revisión de las nociones tradicionales del derecho procesal, a partir del paradigma del Estado constitucional. Desde esta perspectiva, invita a revisar las instituciones procesales desde los derechos fundamentales y de la estrecha relación que debe existir entre el proceso y los derechos materiales.