Constitucionalización e internacionalización de los derechos a la salud y a la pensión

La imputación penal une un acontecer delictivo con una persona, de acuerdo con reglas sociales y no con aquellas que pertenecen al mundo de la naturaleza. Por esta razón, la unión puede darse también con una persona que no haya ejecutado el delito de propia mano, pero que lo ha llevado adelante antes de la ejecución por medio de una conducta que tiene el significado de que el delito pueda ser ejecutado.

Esta nueva edición contiene importantes novedades destinadas a ampliar su utilidad. Desde luego, se mantiene la finalidad inicial de dar respuesta a una asignatura que aparece en varias diplomaturas y grados universitarios, que requiere el conocimiento del núcleo esencial del Derecho Constitucional y Administrativo. Por otra parte, se ha ampliado el temario relativo a este último, de forma que el manual responde, prácticamente, a la totalidad del programa de Derecho Administrativo I de una forma clara y completa. Finalmente, dado que el contenido material de estos Elementos coincide con...

En el presente texto se analizan problemas, soluciones y representaciones en torno a los derechos humanos, fruto de investigaciones terminadas. Con relación a los problemas, el capítulo I estudia la concepción individualista de los derechos humanos que dificulta su implementación efectiva, mientras el Capítulo II reflexiona acerca del comportamiento del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que impacta negativamente en la garantía de los derechos de las víctimas. Respecto a las soluciones, varios capítulos se ocupan de algunas políticas públicas...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.