Delincuencia habitual, psicopatía y responsabilidad penal.Algunos problemas del concepto tradicional de imputabilidad

Esta edición no sólo ofrece el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sino que recopila, sistematiza, ordena y concuerda internamente la diversa normativa en materia de Catastro y en materia fiscal relativa a las disposiciones técnicas de valoración catastral, así como todas las normas y resoluciones relevantes en el ámbito de la gestión e inspección catastral y formato informático. Finalmente, se contemplan expresamente las normas relativas al tráfico inmobiliario y su relación con el Catastro.

“Menores de edad, pero, también y, ante todo, personas. Aun con vaivenes hacia una u otra consideración, como persona y como menor, el Derecho se ha mantenido a lo largo de toda su historia en una difícil balanza ante tal dilema: entre la necesidad de proteger a los menores de edad por su falta o menor madurez y autosuficiencia y la de reconocerles cierta autonomía como personas que -también y, ante todo- son. “Hoy las aguas del Derecho parecen -en parte- volver a su cauce -tal vez el natural-, al menos a sus orígenes, aunque, por supuesto, de un modo renovado, acorde a los tiempos...

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación esencial del legislador por la modernización de la gestión administrativa bajo los parámetros de la Constitución de 1991 y las tendencias recientes del derecho administrativo. Esta segunda edición del Código integra las modificaciones legislativas y la actualidad jurisprudencial que, junto con la práctica, han permitido ampliar, precisar y remodelar los comentarios a cargo de 30 expertos en la materia.

El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este...