Derecho de libre determinación y derecho a decidir

El buen funcionamiento de la justicia presupone la posibilidad de que los jueces cuenten con el respaldo institucional necesario para tomar decisiones con independencia y con capacidad para hacerlas efectivas. Este libro es el resultado de una investigación de dos años sobre la justicia en zonas de conflicto armado en Colombia. Una combinación entre un análisis estadístico detallado sobre la oferta y la demanda de justicia en zonas de conflicto y un conjunto de ocho relatos basados en las historias de jueces que han trabajado y vivido en estas zonas. Coedición con DeJusticia, Fundación ...

Este texto analiza y destaca como resultado de una investigación realizada por docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali como la reglamentación de los métodos alternativos de solución de conflictos, puede contribuir a la solución de la congestión judicial actual o por contraste y contradicción estimular más dicha congestión, especialmente cuando las normas reglamentarias terminan creando trámites adicionales o costos inalcanzables para la mayoría de los posibles usuarios, por lo general de escasos recursos, como sucede principalmente en el campo laboral. La ...

En pleno siglo XXI, la consecución de la igualdad efectiva en las relaciones laborales sigue siendo uno de los retos pendientes. Esta obra multidisciplinar se publica en el marco de la Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Universidad de Murcia, cumpliendo con el objeto de potenciar los estudios e investigaciones relacionados con la mejora de las relaciones laborales, con especial atención a la igualdad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. A lo largo de once capítulos,...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...