Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito

El presente Tratado sobre la Ley General Tributaria, además de servir como sentido homenaje que sus compañeros y amigos rinden al Profesor Alvaro Rodriguez Bereijo, con motivo de su jubilación de la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, está llamado a constituir una obra de referencia en este ámbito. El conjunto de trabajos que en el se integran, mayoritariamente obra de expertos del mundo académico, constituye el primer análisis sistemático de la LGT después de la publicación de la totalidad de los Reglamentos dictados para su...

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó la Ley de Sociedades de Capital, cumplió con la habilitación realizada en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, para que el Gobierno refundiera las diversas leyes reguladoras de esa categoría de sociedades, superando así la tradicional regulación separada de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y sistematizando de manera diferente la regulación de las sociedades de capital, incluyendo las sociedades anónimas cotizadas. Es, por ello, una...

La obra desarrolla uno de los aspectos más importantes del Derecho Penal, por cuanto de un lado legitima el ius puniendi, pero por otro ejerce su función como limitante del mismo. En la obra se estudia el bien jurídico tutelado, desde las primeras doctrinas hasta las más recientes expresiones jurídicas dogmaticas en la materia. En su estudio, los autores parten de la distinción y fuente del bien jurídico, sus principios y titularidad, para luego adentrarse en el estudio temático en cada uno de los tipos penales consagrados en el Código Penal Español.

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...