Terrorismo, justicia transicional y grupos vulnerables

Sin romper totalmente con la tradición jurídica en materia de transporte marítimo de mercancías, el convenio internacional conocido como “Reglas de Rótterdam” (2008) es el nuevo modelo que aspira a regir el transporte marítimo y parcialmente marítimo en el siglo XXI. El convenio establece un régimen de responsabilidad del porteador por pérdida, daño y retraso en la entrega de la mercancía más justo que el actual y, en buena medida, colma la laguna legal que afecta al transporte multimodal. No sólo contiene el estatuto jurídico del porteador marítimo, sino también de otros...

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, ya era admitida en la práctica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar...

La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un destacado alcance jurídico no sólo para el Derecho Constitucional -en razón de que afecta a un Poder esencial del Estado y a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial-, sino también para el Derecho Procesal -en función de que regula la organización y el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales- y para el Derecho Administrativo -en atención a que contempla relaciones jurídicas materialmente administrativas y procedimientos de carácter administrativo, que aluden, entre otros extremos, al régimen estatutario...

La tributación de los artistas y deportistas viene siendo motivo de especial atención por parte de la AEAT en los últimos años. Las características de la actividad desarrollada por estos contribuyentes han llevado a considerarla como un área de riesgo fiscal que justifica su inclusión en los Planes Anuales de Control Tributario, especialmente en lo que afecta a la determinación de la residencia fiscal, así como, a la utilización abusiva de personas jurídicas con la única finalidad de canalizar rentas de personas físicas de manera que se reduzcan improcedentemente los tipos...