La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

La presente obra pretende ser un instrumento de ayuda para los estudiantes que se acercan por primera vez al Derecho procesal. Se encuentra en la dirección apuntada por las modernas tendencias dentro de la enseñanza universitaria, que apuestan por nuevos métodos y sistemas pedagógicos. Estos Materiales no constituyen exclusivamente una colección de casos prácticos al uso, ni una mera recopilación ordenada de jurisprudencia o un repertorio de formularios propios de la práctica forense. Se trata de un conjunto seleccionado de todos ellos, al que hay que añadir esquemas, cuestionarios...

La determinación legal de cuándo estamos ante un contrato de trabajo permanece inalterada desde la redacción primigenia del Estatuto de los Trabajadores, hace ya más de cuarenta años. Sin embargo, las divergencias sobre cuándo existe son constantes. Más allá del interés por huir de la norma laboral o del opuesto, la constante aparición de nuevas actividades y de nuevos modos de trabajar o de organizar ese trabajo, todo ello impulsado por las posibilidades que la tecnología permite y las exigencias de una economía y de una sociedad cambiantes, obligan a los tribunales a un constan...

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (estatal) es uno más de los elementos integrantes del complejo Derecho cooperativo español. A pesar de que su ámbito de aplicación viene profundamente mediatizado por la coexistencia con las legislaciones autonómicas, resulta llamativa la frecuencia con la que es invocada por la doctrina, así como su indudable protagonismo en la conformación de la historia judicial de nuestra figura. Cumplidos veinte años de su vigencia, la revisión de las resoluciones en las que ha resultado aplicada por nuestros Tribunales resulta un merecido...

Cuando se pide al juez que ordene o avale la revelación de un secreto, la cuestión principal, desde un punto de vista constitucional, es si la protección de ese secreto está protegida por la Constitución (intimidad, secreto sumarial, secreto de Estado, etc.) o, aun siendo legítima, no lo está (reserva empresarial, secreto bancario, etc.) En este último supuesto, el juez ha de limitarse a interpretar y aplicar la ley correspondiente. Si el secreto es constitucionalmente relevante, en cambio, no basta con la aplicación judicial de la ley, sino que la operación clave consistirá en...