Propiedad Intelectual en el siglo XXI

La Administración Local necesita legitimarse a través de su buen hacer, de su buena gestión de lo público y de la calidad en los servicios públicos que presta. Para ello, debe organizar la gestión de sus recursos y la capacidad de sus personas para obtener los mejores resultados posibles en términos de eficiencia y eficacia. Los servicios públicos se sustentan siempre en procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios no alcanzan el nivel de compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes esperan de ellos, se hace necesario ...

Los deportistas constituyen un grupo social con una serie de derechos que presenta particularidades especiales dada la naturaleza específica del fenómeno deportivo. El hecho de que la regulación de las competiciones y todos los aspectos anejos a esta corresponda principalmente a organizaciones con un fuerte sesgo privado (federaciones y ligas profesionales) ha supuesto en muchas ocasiones una contradicción entre las normas estatales y las que emanaban de aquellas, y en este sentido no ha sido infrecuente que ello redundara en la restricción de la esfera de derechos (fundamentales) de los ...

La obra que se presenta al lector ofrece un completo estudio de la Administración instrumental como elemento subjetivo del proceso judicial. Con espíritu crítico-constructivo, y el apoyo del análisis histórico y comparado, la autora afronta el reto de ofrecer una definición actualizada del fenómeno instrumental en el ámbito de la Administración General del Estado y estudia con detalle la legitimación, postulación y posición procesal de los entes, organismos, entidades, agencias, consorcios, fundaciones y sociedades a él reconducibles. La obra ha sido puntualmente actualizada...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.